Las fuerzas represivas del Estado en cuyo poder descansa la emergente dictadura del siglo XXI en Honduras, ha desplegado intensos operativos en varias regiones del país para identificar a los opositores y las opositoras a las fraudulentas elecciones y callar las voces de aquellos y aquellas que en los últimos meses se han identificado con la resistencia.
La persecución contra líderes y lideresas del movimiento social se ha intensificado en los últimos días en los departamentos de Olancho, Intibucá, Francisco Morazán, Colón, Choluteca y El Paraíso en un despliego militar y policial sin precedentes, como si se tratara de una alerta gris en estado de guerra.
Nos causó suma preocupación la noticia de la detención ilegal y arbitraria del abogado Milton Jiménez Puerto ocurrida en horas de la noche del día miércoles 25 de noviembre, en el municipio de Omoa, Cortés. El abogado Jiménez Puerto experimentó en carne propia, en la década de los ochenta, los horrores de la desaparición temporal y las torturas inflingidas por agentes del estado junto a 5 de sus compañeros y compañeras estudiantes universitarios, que permanecieron cautivos varias semanas en la hacienda del General (retirado) Amílcar Zelaya, en el sector de Amarateca, Francisco Morazán, durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional diseñada por los Estados Unidos de América.
Al filo de la medianoche del jueves 26 de noviembre, la dirigenta del Movimiento de Mujeres por la Paz , Visitación Padilla, Merlin Eguigure fue capturada y conducida a las bartolinas de la Jefatura Metropolitana Número 7 en Tegucigalpa por agentes policiales, cuando se encontraba cenando junto a Renato Rodríguez y Olvin Alvarez, en un restaurante ubicado en la salida al municipio de Valle de Angeles.
Los policías requirieron los papeles de dichas personas y del vehículo propiedad de Visitación Padilla y se encontraron con que la licencia de conducir de Merlin Eguigure estaba vencida, por lo que en este caso lo que procedía era hacer una infracción de tránsito y no una detención, tal y como se denunció.
Los agentes policiales registraron el vehículo y encontraron un spray que las activistas de derechos de las mujeres utilizaron para escribir mensajes en mantas y conmemorar de esta forma el Día Internacional de la No Violencia Hacia la mujer y para protestar y exigir investigaciones ante la Secretaría de Seguridad por las muertes violentas acontecidas este año.
La detención de Merlin Eguigure se produce en momentos cuando ha arreciado la persecución contra decenas de dirigentes y dirigentas del movimiento social, como parte de una estrategia de las fuerzas represivas del Estado para acallar las voces que condenaron el golpe de Estado y criminalizar de supuestos actos de boicot al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
El Cofadeh desplazó a su equipo de abogadas para brindar acompañamiento legal y solidario a la dirigenta feminista y espera la liberación de Merlin Eguigure en las próximas horas. Sin embargo critica la actitud coludida de la Fiscalía General de la República con las fuerzas policiales, que pretenden imputarle a la feminista, otros delitos como el de asociación ilícita del que no existen pruebas.
Hace un mes, Merlin Eguigure había estado siendo acechada y perseguida en el centro de la capital, otras de sus integrantes han sufrido amenazas y hostigamientos, incluso la sede del movimiento está bajo vigilancia. El 26 de octubre varias integrantes del Movimiento de Mujeres por la Paz , Visitación Padilla fueron detenidas mientras se manifestaban pacíficamente en la colonia 30 de noviembre.
Entretanto en la zona sur del país se ha reportado la persecución contra el catedrático universitario y dirigente del Movimiento de Recuperación de Tierras de Zacate Grande, Rudy de Grandes.
Esta mañana se denunció que varios sujetos vestidos de ropas civiles portando pistolas 9mm y que se transportan en motocicletas, han llegado en varias ocasiones a buscar al líder comunitario a su oficina localizada en la sede del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico en Choluteca
Por otra parte, la solicitud de información dirigida a alcaldes y alcaldesas por parte del Batallón de Comunicaciones el 22 de octubre pasado, ha dado los primeros frutos cuando patrullas militares del X batallón de Infantería, comandados por el coronel Benjamín amenazan y amedrentan a las comunidades de Colomoncagua, departamento Intibucá, por rechazar unas elecciones ilegales que el gobierno de facto de Roberto Micheletti, pretende blanquear el golpe de Estado del 28 de junio.
Los maestros y las maestras que han sido blanco de muerte y persecución desde el golpe de Estado, siguen sufriendo las amenazas de efectivos militares que a toda costa quieren las llaves de los centros educativos y utilizan a directores departamentales para presionar a directores de escuelas y colegios.
En la comunidad de Llano Grande, Colomoncagua, Intibucá, activistas de los partidos políticos golpistas junto a autoridades locales electorales proporcionan listados de hombres y mujeres que han expresado públicamente su decisión de no participar del espurio proceso electoral.
En Marcala, La Paz y en Zacate Grande en San Lorenzo, departamento de Valle, se han proporcionado listados de líderes y lideresas comunitarias identificadas como miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, acciones que la Corte Penal Internacional (CPI) está documentando como crímenes de persecución política en Honduras.
Mientras en Danlí, El Paraíso, al oriente al país, fuertes operativos policiales amedrentan a los pobladores de aldeas y caseríos, en donde, abusando de su autoridad detuvieron en el sector de Jutiapa a seis personas, entre estas dos menores de edad, que se encontraban conversando en una esquina de su barrio. La detención se produjo sin justificación alguna por los elementos policiales al mando del oficial Atilio Morazán. Se denuncian constantes operativos de al menos 8 patrullas policiales que causan zozobra en la población.
La CPI se encargará de perseguir judicialmente a políticos, empresarios, periodistas, fiscales, militares, policías, jueces, diputados, magistrados y funcionarios que conspiraron para perpetrar el golpe de Estado o que contribuyeron desde sus posiciones para criminalizar a los opositores al golpe de Estado.
El crimen de persecución política como ha señalado la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corte Penal internacional se está acrecentando en el país y podría tener consecuencias funestas para el futuro de la nación, en el contexto de aquellas naciones que demandan el respeto a los derechos humanos.
Los asesinos del pasado, han vuelto desde el oscuro manto de la impunidad, para continuar acechando, persiguiendo, secuestrando, torturando y asesinando a dirigentes sociales identificados con la resistencia.
La intolerancia, la violencia, la represión, la fuerza bruta y la censura califican perfectamente a la dictadura política-militar-empresarial que ha focalizado sus ataques contra el magisterio, gran aglutinador social y punta de lanza para las reivindicaciones populares, así como a dirigentes y dirigentas del movimiento social hondureño.
Esta semana los profesores Milton Bardales presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Ciriaco Núñez, Omar Fajardo y Martin Contreras fueron víctimas de sendos allanamientos ejecutados en sus casas de habitación localizadas en Olanchito, Yoro, por un comando de efectivos policiales y militares, que buscaban armas y propaganda en las que se llama al pueblo a no votar.
Estas denuncias refuerzan nuestra lectura de lo que realmente está ocurriendo en el país y es que existe un ambiente de zozobra que preocupa, de pánico que inmoviliza y de cólera por impotencia, de una ciudadanía que está siendo reprimida por condenar el golpe de estado y rechazar el proceso electoral espurio.
¡De los hechos y de los hechores!
Ni olvido ni perdón
COFADEH
Viernes 27 de noviembre de 2009
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