La elección en Honduras consolida el golpe de Estado Washington D.C., 24 de noviembre de 2009
En las condiciones en las que se desarrollan, las elecciones hondureñas del próximo 29 de noviembre consolidan el golpe de Estado, legitiman la ruptura del orden constitucional y validan numerosas violaciones a los derechos humanos.
La campaña electoral hondureña se lleva a cabo en un clima de intimidación y asedio que impide la expresión de la voluntad de los ciudadanos. La renuncia temporal al poder del presidente de facto, Roberto Micheletti, tan solo confirma lo que quiere ocultar: la influencia determinante de los golpistas en el proceso electoral.
La primera decisión de Micheletti al tomar el poder el 28 de junio fue decretar un toque de queda y clausurar a los medios de comunicación críticos. Más adelante, proclamó un decreto en el que suspendió durante 45 días las garantías constitucionales. Ante la deslegitimación que eso traería a las elecciones, el Gobierno de facto derogó el decreto pero impuso otro, vigente hoy, que autoriza la suspensión de la licencia a emisoras que emitan mensajes opositores. También rige todavía una directriz según la cual cualquier reunión pública debe ser autorizada por la Policía, y un batallón del Ejército ordenó a los alcaldes proporcionar nombres y direcciones de opositores para visitarlos pronto.
Las manifestaciones de la resistencia al golpe son disueltas con violencia. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) registró hasta el 3 de noviembre 48 protestas pacíficas reprimidas por la Policía y el Ejército; al menos nueve manifestantes opositores han muerto. Otros 12 dirigentes y miembros de la resistencia han sido asesinados en incidentes aislados pero con características comunes, que generan inquietud acerca de la posible existencia de una política de crímenes selectivos.
Durante el periodo en que fueron suspendidas las garantías constitucionales hubo 1.228 personas detenidas ilegalmente, de ellas la mitad (619) eran menores de edad. Un informe del Centro para el Tratamiento de las Víctimas de Tortura, de Honduras, registra 475 personas víctimas de torturas o tratos crueles y degradantes. Hasta principios de noviembre, 120 personas habían sido procesadas judicialmente por expresarse contra el golpe.
Las instituciones responsables de proteger a las víctimas, como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, se han comportado en forma negligente. Múltiples recursos de hábeas corpus planteados a favor de detenidos no fueron respondidos.
“El 29 de noviembre no se fortalecerá la democracia hondureña, todo lo contrario, se debilitará, porque consolidará una nueva versión de golpes de Estado, una en la que el uso de la fuerza y una débil institucionalidad ponen en jaque el Estado de Derecho”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.
La falta de condiciones para desarrollar una campaña política es tal que algunos candidatos a puestos de elección popular han renunciado a participar. Una de las características más singulares de esta votación es que la organiza un Tribunal Supremo Electoral integrado por militantes y ex funcionarios de los partidos políticos que apoyan el golpe.
Lo que vive Honduras es historia conocida. Entre las décadas de los años cincuentas y setentas, gobiernos surgidos de golpes de Estado acostumbraban convocar a elecciones que reforzaban el poder de los golpistas. El tribunal electoral no tenía independencia, los opositores eran reprimidos, la prensa censurada, las violaciones de los derechos humanos eran cotidianas e impunes. Las elecciones se convirtieron en un maquillaje democrático tan particular que la prensa de Estados Unidos acuñó el término “elecciones estilo Honduras”.
“El del 29 de noviembre no es el inicio de un proceso para retornar a la democracia, como Argentina en 1983 y Chile en 1989 entre otros, sino uno para apuntalar la victoria de un golpe”, enfatizó Kristicevic.
El reconocimiento de la comunidad internacional a las “elecciones estilo Honduras” en América Latina en el siglo XX ayudó a prolongar dictaduras y permitió atroces violaciones a los derechos humanos. Hoy la comunidad internacional, y en especial Estados Unidos, tienen la oportunidad de demostrar que han aprendido de la historia.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
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