La carta del presidente Zelaya al presidente Obama es objeto de toda clase de tergiversaciones en los medios de comunicación social, en línea con el modelo de propaganda de nuestro sistema de comunicación social.
Los medios involucrados en el golpe de Estado militar y en el sostenimiento del régimen de facto presentan la epístola como carta de renuncia al cargo presidencial, como si esto fuera legalmente posible. Un contrasentido, además, porque no encaja con el disparate golpista de “la sucesión constitucional”.
El vicepresidente del congreso nacional, Velásquez Nazar, dice, en relación con el acuerdo Tegucigalpa/San José, que en el Legislativo “Estamos obligados a seguir porque tiene el compromiso de apoyar lo que se acordó… y para no dejar un cabo suelto”, independientemente de que el presidente Zelaya “haya anunciado que desiste de volver al poder”.
La hipocresía es el tributo que el vicio le rinde a la virtud, reza el viejo adagio. Un congreso nacional comprometido hasta el tuétano con el rompimiento constitucional y que sigue con el juego de las dilatorias y los enredos para no hacer la rectificación obligada, que no honrosa, y así restablecer el régimen de derecho. ¡Bien merecida la patada en el trasero, emblemática por cierto!
El presidente Zelaya ha reiterado, a manera de explicación para los duros de entendederas, que él no ha renunciado al cargo que el pueblo hondureño le otorgó directamente con su voto mayoritario en elecciones libres. Lo que sí ha expresado claramente es que ya no está obligado a cumplir el acuerdo Tegucigalpa/San José, por haber sido éste violado en su letra y espíritu por Micheletti, jefe de Estado de facto.
“En mi condición de presidente electo por el pueblo hondureño reafirmo mi decisión (de) que a partir de esta fecha (14 de noviembre de 2009), cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia, para encubrir el golpe de Estado, que sabemos tiene un impacto directo por la represión militar sobre los derechos humanos de los habitantes de nuestro país”.
En concreto, el presidente Zelaya se ha desligado del proceso de restitución condicionada a que se sometió por iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Plan Arias y la participación de la OEA, con el fin de darle una salida pacífica y ordenada a la crisis política causada por el golpe de Estado militar del 28 de junio, devolviéndole a Honduras su integridad constitucional y su lugar en la comunidad de naciones latinoamericana y mundial.
Todo el mundo sabe porqué fracasó ese desigual proceso de diálogo San José/Tegucigalpa. El presidente Arias, el secretario general de la OEA, el presidente de la Comisión de Verificación del acuerdo, el senador norteamericano John Kerry, el presidente de la asamblea general de la ONU, y, en fin, la casi totalidad de los presidentes de los Estados miembros del Grupo de Río, han sido enfáticos en el señalamiento del gobierno de facto como responsable del incumplimiento del pacto.
Más allá de tal conducta, se percibe la actuación de los funcionarios del Departamento de Estado que endurecieron con sus virajes y fintas diplomáticas el proyecto golpista de quedarse en el poder, aunque el portavoz Ian Kelly siga proclamando: “No hemos cambiado nuestra política… Aún se pueden hacer cosas”.
Son las lindezas de la “política astuta”, de la “smart policy” para nuestra América en el nuevo milenio.
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