miércoles, 4 de noviembre de 2009

Denuncia Zelaya posición de EE.UU. sobre golpe de Estado


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Tegucigalpa, 4 nov (PL) El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, advirtió que Estados Unidos pretende reconocer las elecciones hondureñas, sin revertir el golpe de Estado ni resolver la profunda crisis enfrentada hoy por su país.

Zelaya alertó sobre las declaraciones del subsecretario de Estado norteamericano para asuntos de América Latina, Thomas Shannon, según el cual la conformación de un gobierno de unidad en Honduras nada tiene que ver con la restitución del mandatario.

La semana pasada, bajo la observación de Shannon, representantes del gobierno constitucional y del régimen de Roberto Micheletti firmaron un acuerdo para una salida a la crisis creada por el cuartelazo del 28 de junio.

La iniciativa plantea someter a la votación del Congreso la restitución de Zelaya en la presidencia, como uno de los puntos cruciales para lograr el retorno a la institucionalidad.

También incluye la conformación de un gobierno de reconciliación nacional, el rechazo a la amnistía para los delitos políticos, renunciar a la convocatoria a una constituyente y reconocer las elecciones del 29 de noviembre, entre otros puntos.

Sin embargo, en una entrevista a la cadena televisiva CNN, Shannon dijo que el gobierno de unidad es un tema aparte del reintegro del jefe de Estado y que la comunidad internacional "puede acompañar los comicios".

Zelaya, quien desde su regreso al país se encuentra en la embajada de Brasil, envió una carta a la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, donde le pide aclarar su posición sobre este tema que contradice lo acordado el 30 de octubre.

Pese a lo establecido en los acuerdos el jefe del régimen golpista es quien está organizando el gobierno que deberá quedar instalado mañana, aunque todo indica que Zelaya no lo podrá presidir porque el Congreso dilató la votación sobre el asunto.

Según acordó la junta directiva del Parlamento, antes de llevarlo al plenario pedirá la opinión a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y otras instancias que apoyaron la asonada.

Tal proceder, además de ser inconstitucional, resulta una triquiñuela para obstruir las iniciativas y los esfuerzos para la reversión del rompimiento institucional, advierte hoy el diario Tiempo.

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