Proceso en aprietos

La retirada de la candidatura independiente de Carlos H. Reyes de las próximas elecciones generales es un porrazo más al vapuleado proceso electoral, ahora visto, en el contexto de la crisis política, no en función de la salida del conflicto sino como un recurso para dar validez al golpe de Estado militar del 28 de junio.

Esta renuncia a participar en las elecciones, según lo expresan sus integrantes, fue decidida por las bases de esta iniciativa electoral de todo el país, que, según encuestas confiables realizadas a finales de octubre, aglutina entre un 14-16 por ciento del electorado, pero con un ritmo ascendente superior al de los candidatos de los partidos tradicionales comprometidos con el régimen de facto.

Asimismo, Unificación Democrática (UD), un partido que apenas cuenta con una intención de voto de 1,5 por ciento, pero que se mantiene muy activo en el movimiento de resistencia nacional, se debate en el dilema de retirarse de las elecciones o de continuar en el juego, con la débil esperanza de aumentar sustancialmente sus cotas electorales.

El solo hecho de presentarse esta contradicción interna en la UD y en el Partido de Innovación y Unidad (PINU-SD), este último con aproximadamente 1 por ciento del electorado, nos indica, por lo menos desde el punto de vista formal, un deshoje del abanico partidista, y, con seguridad, la dinamización de la tendencia de abstención electoral como corriente dominante en el escenario político.

El fracaso de las iniciativas para darle una salida pacífica y ordenada a la crisis política, cuyo desenlace —en cierto modo previsto— parece ser irreversible en lo que toca al interior de nuestro país, viene a constituir la segunda parte del desastre político provocado por el golpe de Estado militar.

La tercera parte, por venir, será el resultado electoral carente de legitimidad y un escabroso período de acomodamiento para un nuevo gobierno débil, cuestionado localmente y en el ámbito latinoamericano, por lo menos, asimismo debatiéndose en una situación de crisis económica descomunal en nuestro pequeño mundo de miseria, marginación social e intensa degradación del liderazgo.

Tal como se puede apreciar la realidad hondureña en ésta y en las próximas horas, la única tabla de flotación —y tal vez de salvación— es una acción internacional decisiva para rescatar el estado de derecho, la constitucionalidad y la institucionalidad en Honduras sin andarse con contemplaciones y por las ramas, a diferencia de cómo hasta ahora.

Hoy habrá de reunirse la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar el caso de Honduras, y, de acuerdo con los pronunciamientos al respecto de organizaciones como el Grupo de Río, UNASUR y ALBA, lo que cabría esperar es precisamente eso, para darle funcionalidad a la Carta Democrática Interamericana, y, por así decirlo, para ratificar la hermandad de sangre de los pueblos de América Latina.