La agenda del “diálogo”

Editorial de diario El Tiempo / Honduras

Ha recomenzado la iniciativa de diálogo por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para tratar de resolver la crisis política en Honduras, y, a juicio de los optimistas y de los ingenuos, en esta ocasión las condiciones son más favorables que cuando se inició el Plan Arias y la propuesta del Acuerdo de San José.

En aquel momento, el presidente Oscar Arias, en su papel de mediador, fijó la agenda del diálogo de San José, sin duda respaldado por la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El resultado final de esa etapa ya lo conocemos: negación total por parte del régimen de facto y caracterización del jefe de Estado Micheletti como dictador.

En esta siguiente etapa del “diálogo”, supuestamente en línea con los contenidos del Acuerdo de San José (que no está escrito en piedra, dicen ahora), quien fija la agenda, quiérase o no, es el gobierno de facto, para lo cual ha creado su propio andamiaje coercitivo.

En este sentido, empezó el gobierno de facto por decretar un estado de sitio, inconstitucional por donde se le mire, en abierta colusión con el Legislativo y la Corte Suprema de Justicia, vale decir los tres poderes en el Estado, y con las organizaciones “civiles” y eclesiásticas involucradas en el golpe de Estado del 28 de junio/09.

Enseguida, el gobierno de facto se permitió darle un portazo en las narices a la OEA al impedir el ingreso a Tegucigalpa de la misión preparatoria del “diálogo”, expulsándola desde el aeropuerto de Toncontín. Luego, le comunicó a la OEA el lugar, la fecha y la lista de participantes al “diálogo”, cerrando, al mismo tiempo, la libertad de expresión para silenciar la demanda popular y la voz de la resistencia contra la dictadura.

Además, dueño por completo de la comunicación social masiva, el régimen de facto ha puesto en escena un montón de propuestas de solución de la crisis, todas ellas aceptando el golpe de Estado, y, en la totalidad de los casos, tornándolo en artículo de trueque con el régimen constitucional derrocado, aun cuando su restitución es fundamental para la solución de la crisis.

Y, para completar la agenda, se programó la visita a Honduras de congresistas republicanos de Estados Unidos, furibundos partidarios y defensores del golpe de Estado en Honduras, para darle ánimos al gobierno de facto en la mesa de “negociación” que aparentemente prepara la OEA.

Siempre se ha dicho –y alguna verdad debe haber en ello-- que la principal condición para que haya diálogo y negociación es la igualdad de las partes. Sillas iguales. También, que la negociación no debe aceptarse o realizarse con una de las partes cohibida, bajo presión o amenaza. Y, asimismo, que la legitimidad de las partes ha de ser similar. Ninguna de esas condiciones se observan en esta etapa del “diálogo”, y tal situación desluce el rol de la OEA y de la comunidad internacional en este caso.

¿Cómo es posible entablar un diálogo para solucionar la crisis política si la nación hondureña está bajo total estado de sitio, con todas las libertades y garantías individuales suspendidas y todos los poderes en el Estado confabulados con los militares para mantener a sangre y fuego el régimen dictatorial?

¿Qué negociación puede haber si la premisa es que el arreglo de la crisis compete solamente a los hondureños, o sea a quienes gobiernan de facto y manipulan a su antojo y conveniencia la Constitución y las leyes de la República?

Y finalmente, ¿qué elecciones pueden ser aquellas en un régimen de facto, y, lo que es peor, en un Estado en el que todos sus poderes son partícipes de la conspiración contra la democracia que pretende perpetuarse en el poder público, aumentando sus privilegios e impunidad y asegurándole a los militares el control absoluto de nuestro país?