Era difícil a la hora del cierre de esta edición predecir lo que sucedería en las próximas horas. Una cosa sí estaba clara: los golpistas al verse acorralados están dispuestos a todo para impedir que se revierta la situación creada el 28 de junio cuando expulsaron al Mandatario del país y se apoderaron con premeditación y alevosía del poder.
Todos, dentro y fuera de Honduras, sentimos temor de un eventual asalto a la embajada de Brasil, donde el presidente Zelaya, su familia y centenares de sus seguidores se mantenían gracias al histórico gesto de vocación democrática del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien no dudó en darles apoyo.
Cuerpos de elite armados hasta los dientes apostaron francotiradores en las azoteas aledañas a la sede diplomática, mientras con la impunidad que les proporcionaba el prolongado toque de queda cerraron un perímetro de un kilómetro alrededor de la legación brasileña. Carros hidrantes, el uso de bombas de gases lacrimógenos, uniformados encapuchados y toda la logística militar golpista patrullaban las calles y detenían a centenares de manifestantes, agrediendo salvajemente. Ya comenzaban a llenar estadium deportivos reeditando los peores días del fascimo en Chile.
El propio presidente Zelaya denunció un plan del gobierno de facto para allanar la embajada de Brasil, con el objetivo de capturarlo y asesinarlo, y detalló que incluso ya contaban con los médicos forenses que declararían que el Mandatario se suicidó.
"Lo advierto a la comunidad internacional, yo, Manuel Zelaya Rosales, hijo de Hortencia y José Manuel, no se suicida, está vivo, luchando por sus principios con firmeza y prefiero morir firme, que arrodillado ante esta dictadura y eso que quede muy claro ante estos tiranos que están queriendo gobernar al país con la fuerza de las armas", expresó en entrevista exclusiva a la cadena Telesur.
Y no son suposiciones. El asesor de las Cancillería golpista, Mario Fortín, dijo a la prensa que "la embajada podría ser allanada si Brasil continúa protegiendo a Zelaya".
Por su parte, el comisario Orlín Cerrato, portavoz de la Secretaría de Seguridad del régimen, admitió que "estamos preparados y dispuestos a aplicar niveles necesarios de fuerza". Mientras el Ministro de Defensa de facto advirtió que el Toque de Queda podría ser sustituido por el de Estado de Sitio con todo lo que esto implica en cuanto a impunidad. Ya se cuentan por decenas los detenidos desaparecidos.
Al momento de redactar estas líneas se reproducían las denuncias de cortes de los servicios de electricidad, agua y telefonía a la Embajada brasileña y en áreas donde la movilización popular desafiaba al régimen, como es el caso de la zona donde están ubicados Radio Globo y Canal 36 que apoyan al Mandatario y la lucha de los hondureños.
Más de trescientos detenidos y un número elevado de torturados han sido reportados por diversas agencias de prensa, mientras el cabecilla del gobierno de facto se jacta de que "Zelaya puede quedarse cinco o diez años en la embajada" pero que cuando ponga un pie fuera será procesado por 18 delitos ante la "justicia" del régimen.
No hay dudas de que aún Micheletti y su corte de asesinos se sienten protegidos por aquellos sectores de la ultraderecha norteamericana que los aupó al poder y pese al repudio universal ha logrado mantenerlos aprovechándose de la tibieza puesta de manifiesto por el presidente Barack Obama ante el caso.
Todavía en este momento la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha expresado que "ahora que Zelaya regresó sería oportuno devolverle su puesto bajo las condiciones apropiadas". Traducida la frase significaría devolverle su puesto atado de pies y manos como lo estipula el Acuerdo de San José que ella cocinó con el presidente costarricense Oscar Arias.
En el momento de redactar estas líneas, Brasil había solicitado con urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para enfrentar la nueva situación creada en Honduras y las amenazas contra su misión diplomática en Tegucigalpa.
No hay dudas de que desde el pasado 28 de junio la comunidad internacional ha condenado al régimen de facto en el país centroamericano, pero tampoco hay dudas de que las medidas adoptadas hasta hoy no han sido suficientes. Ha sido el pueblo hondureño quien se ha crecido y ha construido un movimiento de resistencia que ha mantenido en jaque a Micheletti y sus secuaces.
Toca a esa comunidad internacional y a sus líderes políticos asumir responsablemente medidas que conduzcan sin ambages, medias tintas ni condicionamientos al restablecimiento del orden constitucional en Honduras y la restitución del presidente Zelaya. No hacerlo en este minuto sería suscribir un precedente suicida en el orden del derecho internacional y ser cómplices de la masacre que el golpismo en Honduras está dispuesto a llevar adelante para impedir ser sacado de un poder que no les pertenece pero que tienen, obviamente, la misión de ofrendarle a la ultraderecha imperial que no quiere una nación indócil en Centroamérica y mucho menos una Honduras miembro del ALBA y del proceso nacional liberador que se abre paso en Latinoamérica y que tantos dolores de cabeza les está causando.
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