Zelaya acusa a paramilitares de atentados con granadas en Honduras

12:56 AM Tegucigalpa.- El depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya condenó este jueves los intentos de atentados con granadas contra centros comerciales descubiertos el miércoles y dijo que sospecha de grupos paramilitares como presuntos responsables.

"Condenamos los actos y a cualquiera persona o grupo que ejecute o planifique los atentados con bombas u otro tipo de ataques perpetrados contra establecimientos comerciales o bienes del Estado, en los cuales se pone en riesgo la vida de muchas personas inocentes", señaló Zelaya en un comunicado reseñado por AFP.

La policía hondureña desactivó el miércoles dos granadas de fragmentación que habían sido colocadas por desconocidos en el principal centro comercial de Tegucigalpa, con un mecanismo de relojería para hacerlas estallar.

"Sospechamos que estos atentados criminales, que históricamente han sido tácticas organizados con grupos pararamilitares y escuadrones de la muerte por la seguridad del Estado, se realizan con el fin de infundir terror e inculpar a sus víctimas de estos actos, justificando su represión y persecución política", añadió el mandatario depuesto por un golpe de Estado el 28 de junio pasado.

"Responsabilizamos a los aparatos de Seguridad del Estado del régimen de facto, ya que a través de sus campañas intenta responsabilizar a la Resistencia (contra el golpe) de estos actos cobardes e inhumanos" como parte de una campaña de "difamación", subrayó Zelaya.

Sucesión golpista

Editorial de Diario El Tiempo de Honduras
Septiembre 3, 2009

Los ilustres letrados del régimen de facto han inventado la figura de la “sucesión constitucional” para disfrazar el golpe de Estado militar del 28 de junio, aunque todo el mundo sabe que en la Constitución de la República de Honduras –rota, por demás-- no existe esa definición ni procedimiento legal en este sentido para sustituir al titular del Poder Ejecutivo.

La “sucesión constitucional”, tal como puede entendérsela en la novísima modalidad golpista, es la forma utilizada para suplantar al presidente de la República por golpe de Estado militar. Suplantar es, de acuerdo con el diccionario la Real Academia de la Lengua Española, “2. Ocupar con malas artes el lugar de otro, defraudándole el derecho, empleo o favor de que disfrutaba”.

La costosísima campaña de relaciones públicas del régimen de facto ha logrado --por medio de firmas como la Chlopack, Leonard, Schechter & Associates con un contrato de 290,000 dólares (6,0 millones de lempiras) por cuatro meses, para cambio de imagen—infiltrar este concepto fraudulento de la “sucesión constitucional” a través de artículos de opinión colocados en importantes periódicos norteamericanos.

De igual manera, esa millonaria campaña mediática ha conseguido darle visos de posición oficial del Congreso de los Estados Unidos a un informe del Servicio de Investigación de la Biblioteca del Congreso, escrito por Norma C. Gutiérrez, quien utilizó como fuente casi única a Guillermo Pérez Cadalso, de filiación y actitud golpista ampliamente conocida en Honduras.

En efecto, la doctora Rosemary Joyce, catedrática de Ciencias Políticas y Decana de la Facultad de Antropología de la Universidad de California, se dirigió inmediatamente después de conocer el “informe” al Bibliotecario Billingsley y al Director Mulhlan de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, como sigue:

“Le escribo para llamar su atención en cuanto a serios errores en un informe del Servicio de Investigación del Congreso, escrito por la señorita Norma C. Gutiérrez. Dado el inmenso daño que este informe incorrecto ha provocado al circular en Honduras y los Estados Unidos, le solicito que urgentemente se haga una corrección pública y se retire dicho informe, notificando a todos los miembros del Congreso que este informe no es correcto ni confiable, y que se basa en datos erróneos proporcionados por una fuente no confiable”.

Por otra parte, la opinión oficial de Estados Unidos es la del Presidente y del Departamento de Estado, que han calificado al derrocamiento del presidente Zelaya Rosales como golpe de Estado.

Pero como todo invento tiene sus aplicaciones y consecuencias, al fraude de la “sucesión constitucional” le sigue una nueva utilización, o sea como “solución golpista” para el continuismo del régimen, con su jefe de Estado de facto Micheletti torpedeando el proceso electoral con un Estado de sitio a término máximo de 45 días, prorrogables por 45 días más.

Menos mal que el Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” del 26 de septiembre del 2009, es totalmente nulo por la sencilla razón de que su publicación se hizo sin haber sido discutido ni aprobado por el congreso nacional. Esto fue hecho así no por ignorancia, sino por mala fe, ante el temor de que fuera rechazado por la Asamblea Legislativa.

Pero la acechanza dictatorial de la nueva versión de “solución golpista” sigue en pie, a no dudarlo. Es a lo que, suponemos, se refiere el presidente Arias, de Costa Rica, cuando elogia la supuesta intención del gobierno de facto de derogar el Decreto de Estado de sitio, e indica que “Micheletti no se halla ni a una pulgada de las negociaciones del Acuerdo de San José” para restablecer en orden constitucional en Honduras.

Arias: "La crisis no se resuelve sólo con comicios"

Jaime González BBC Mundo, Miami

El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, instó este martes al gobierno interino de Honduras encabezado por Roberto Micheletti a que derogue las medidas de excepción adoptadas el pasado sábado que han acarreado la suspensión de determinadas garantías constitucionales en la nación centroamericana.

"Yo hablé ayer con Roberto Micheletti y me prometió que el día de hoy (martes) haría consultas con el congreso y los magistrados de la corte para ver si es posible la derogatoria de ese decreto", explicó el mandatario desde Miami, Estados Unidos, donde participó en la Conferencia de las Américas, encuentro en el que se analizan las perspectivas económicas y políticas para la región latinoamericana al que asistió BBC Mundo.

Arias, mediador en la crisis hondureña e impulsor del Acuerdo de San José, aseguró que si las elecciones previstas para el próximo mes de noviembre se llevan a cabo bajo las actuales circunstancias, se pondrá en riesgo el reconocimiento de los resultados de los comicios por parte de la comunidad internacional.

"Quiero ser categórico en esto. Esta crisis no se resuelve solamente con elecciones. (...) Insistir en celebrar elecciones en estas circunstancias, depreciando los puntos del acuerdo de San José e impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales, es poner cuesta arriba un reconocimiento electoral necesario para devolverle a Honduras su estatus en la comunidad internacional", aseguró el mandatario costarricense.

"¿Qué tipo de elecciones democráticas son estas en las que no se pueden realizar reuniones públicas sin autorización del ejercito? ¿Qué tipo de elecciones son estas en las que los medios de comunicación pueden ser clausurados por contravenir disposiciones gubernamentales no especificadas?, se preguntó Arias, quien aseguró no quiere que honduras se convierta en una "especie de Albania centroamericana".

"Escalada de violencia"

El presidente costarricense aseguró que "el sorpresivo retorno del presidente (Manuel) Zelaya a su país y su permanencia en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, ha reavivado la necesidad de dialogo ante el peligro de un brote de violencia en las calles".

"Invité a Zelaya y a Micheletti a San José para que negociaran, pero no fue posible sentarlos juntos a la mesa. Es difícil llegar a un acuerdo si no se miran a los ojos", señaló.

El mandatario hizo un llamado "a ambos sectores a que renuncien a la guerra de palabras (…) ya que una escalada verbal se traducirá casi forzosamente en una escalada de violencia".

Arias amplió la solicitud a otros líderes de la región "cuyas declaraciones atizan el fuego en vez de aplacarlo".

"Nada amerita que se derrame sangre de la población. Ni siquiera la defensa de los más nobles ideales", aseguró.

Arias reiteró que el Acuerdo de San José "sigue siendo la base de los esfuerzos de dialogo" y se mostró optimista con la posible visita a Tegucigalpa del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y diez cancilleres, prevista para el próximo 7 de octubre.

"La peor Constitución"

Preguntado sobre si el marco legal existente en Honduras permitió que ocurriera el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Arias aseguró que pudo ser así ya que "no hay una Constitución peor sobre la faz de la tierra" que la hondureña.

"Pienso que es una invitación al golpe de Estado. No recoge ningún juicio político para un presidente que esté haciendo las cosas mal. (...) La única manera de llamar a cuentas al presidente Zelaya fue sacándolo amenazado con metralletas", aseguró Arias.

Es por ello que el mandatario cree que eso es algo que deberá resolverse "y si no se puede convocar una constituyente, se tendrán que llevar a cabo las reformas constitucionales pertinentes".

"Solventar esta crisis es devolverle la tranquilidad a más de siete millones de hondureños, pero es también asegurar la vigencia de la democracia en nuestra América Latina", concluyó Arias.

Honduras: OAS Should Press for End to Abuses

The Organization of American States should press the Honduran de facto government to halt the excessive use of force against protesters and to guarantee other fundamental rights, Human Rights Watch said today.

Human Rights Watch has received credible reports that the use of excessive force by Honduran security forces against demonstrators has caused at least one death, and possibly more. Credible sources also report that more than 150 people have been arbitrarily detained.

"The international community should immediately take steps to prevent further abuses by the Honduran security forces," said José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch.

The Committee for Families of the Disappeared and Detainees (COFADEH), a respected local nongovernmental organization, reported that 16-year-old José Jacobo Perdomo was killed on the afternoon of September 22, 2009, by police in San Pedro Sula. The group has also received unconfirmed reports of four more deaths caused by police violence today in Tegucigalpa.

Local rights defenders also reported that more than 150 detainees had been held in the "Chochy Sosa" baseball stadium. Some of the detainees had been arrested during confrontations with security forces on September 22, while others were reportedly detained during police sweeps through several Tegucigalpa neighborhoods early on the morning of September 23. By the afternoon on September 23, some of these detainees had been released, while others were relocated to detention facilities in the capital. The local rights defenders said the detainees were not informed of the grounds on which they were being held in the stadium, nor is it clear what criminal charges, if any, those who continue to be detained may face.

Human Rights Watch also received credible reports that some protesters have engaged in acts of vandalism and violence directed at security forces.

"The Honduran police certainly are entitled to detain protesters who engage in violent criminal activity," said Vivanco. "But that does not give them carte blanche to engage in brutality or disregard basic due process rights."

Honduras: Restore Press Freedom Immediately

(New York) - Honduras's de facto government should immediately rescind an emergency decree that severely restricts press freedoms, Human Rights Watch said today. Honduran security forces seized the offices of Radio Globo and Cholusat Sur television early today and shut down their broadcasting, two days after the decree was issued. Both broadcasters have been openly supportive of deposed president Manuel Zelaya.

The de facto government issued the decree on September 26, 2009, prohibiting all public statements that offend public officials or question government decisions. It empowered the National Communications Commission to use the police or military to suspend broadcasters who do not comply.

"Roberto Micheletti has effectively outlawed public criticism," said José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch. "This kind of decree has been the norm for authoritarian rulers - from Chile's Pinochet to Cuba's Castros - who tolerate freedom of speech only when it favors the government."

The decree is effective for 45 days.

International law recognizes that states may temporarily derogate from some of their human rights obligations, but only under exceptional circumstances, including in time of war, public danger, or another emergency that threatens the independence or security of the state. Such temporary derogations, however, must be strictly limited to the exigencies of the situation, and not restrict rights more than is absolutely necessary. The provisions in this decree effectively shutting down free press do not meet those criteria, Human Rights Watch said.

Human Rights Watch has condemned the coup and repeatedly called on the international community to exert concerted and effective pressure, including targeted sanctions, to press for an end to human rights abuses and the restoration of democratic rule in Honduras.