Por Frida Modak (*)México (PL) Para muchos resulta incomprensible que un país pequeño y pobre esté acaparando la atención mundial desde hace ya más de tres meses.
Para empezar a entenderlo hay que mirar el mapa y entonces se verá que limita con Nicaragua y El Salvador, dos países cuyos gobiernos no son del agrado de Estados Unidos.
Nicaragua está gobernada nuevamente por los sandinistas y en El Salvador acaba de asumir la presidencia de la república Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El FMLN es una organización que luchó con las armas contra las dictaduras impuestas por Washington y también jugó un importante papel político cuando la administración de Ronald Reagan quiso incendiar América Central para mantener el control regional.
Pero, además, desde Honduras y en línea recta se llega a Cuba por el Mar Caribe.
Por ese mismo mar, muy cerca y en dirección sur se encuentra Venezuela y hacia el norte México.
Atravesando el Mar Caribe se llega al Océano Atlántico y al Africa.
En Honduras hay una base militar estadunidense que se instaló durante el conflicto centroamericano impulsado por Washington y que ya no se llama Palmerola sino Soto-Cano.
Honduras queda también frente a Colombia, país en el que se van a instalar siete bases militares de Estados Unidos, desde las cuales Washington espera espiar no sólo a Centro y Suramérica, sino también al África, como ya se ha reconocido.
En ese proyecto la base de Soto Cano juega un papel de gran importancia en el enjambre de las 872 instalaciones y misiones militares que Estados Unidos ya tiene en el mundo, pero que por lo visto no le alcanzan porque abrirá más.
Los gringos vuelven a Panamá Estados Unidos se tuvo que ir de Panamá al iniciar el año 2000 porque así se estableció en los tratados canaleros Torrijos-Carter.
Hasta ese año el territorio panameño era uno de los grandes centros de espionaje del país del norte y sede también de la Escuela de las Américas, donde se graduaron todos los oficiales latinoamericanos que luego se convirtieron en dictadores y torturadores en la mayor parte de los países del subcontinente.
El cierre de las bases y la salida de los estadounidenses del territorio panameño fue producto de una larga lucha que costó muchas vidas, entre ellas la del propio general Omar Torrijos, cuyo avión se estrelló contra un cerro en un vuelo de rutina.
Los gobiernos que sucedieron al de James Carter hostilizaron de las más variadas formas a Panamá para tratar de revertir los tratados, acusando a ese país de facilitar el narcotráfico.
Con ese pretexto lo invadieron en 1989 y detuvieron al general Manuel Antonio Noriega, Comandante de las Fuerzas de Defensa.
Esas fuerzas, a su vez, habían detenido en numerosas oportunidades a soldados estadounidenses estacionados en las bases desplegadas en Panamá, porque traficaban droga.
Ahora, el pretexto para volver a instalarse en suelo panameño es, de nuevo, que hay que combatir el narcotráfico que se produce a través de dos mil puntos.
Los panameños recuerdan que ese mismo argumento se dio hace 20 años para justificar la invasión que costó varios miles de vidas.
El asunto ha desatado una fuerte polémica, porque ya se ha dicho que la firma del convenio será antes del 30 de octubre, y no se ha dado información clara.
Se sabe que el acuerdo se adoptó en una reunión entre el presidente Ricardo Martinelli y la secretaria de Estado Hillary Clinton en una reunión sostenida en Nueva York.
El texto contempla la instalación de dos bases, una en Darién, en la costa del Pacífico a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, y la otra en Punta Coca, en la provincia de Veraguas, también en el Pacífico.
El catedrático y analista panameño Marco Gandásegui ha señalado que "el convenio se daría en el marco del Plan Mérida", que ya le entregó a Panamá 3.8 millones de dólares este año y el próximo le dará siete millones más.
El gobierno de Martinelli intenta restarle importancia a las bases diciendo, como en Colombia, que serán panameñas, pero la reacción popular es fuerte, no quieren el regreso de los estadounidenses.
Zelaya Cuando Manuel Zelaya ganó las elecciones presidenciales hondureñas de noviembre de 2005 por un margen apretado, el parlamento tardó en reconocerlo como presidente electo.
En esos días llegó a Tegucigalpa una colaboradora de confianza del entonces presidente estadounidense, George W.Bush, la que también había trabajado con su padre.
Fue una suerte de visita de inspección.
La visitante sólo conversó con Zelaya cuando ya se iba y en un salón del aeropuerto.
No trascendió lo que hablaron, pero después de ese encuentro el Congreso hondureño reconoció el triunfo de Zelaya.
Aunque pertenecía a un partido de derecha como el Liberal, el nuevo presidente tenía un enfoque distinto de los problemas del país.
Como ya lo había hecho como ministro a raíz del daño causado por el huracán Mitch, Zelaya se acercó a los sectores más pobres del país y adoptó medidas que contribuyeran a mejorar su situación.
Buscó, además, darles voz a través de la ley de Participación Ciudadana que fue aprobada por el Congreso.
Ante el alto costo que le significaban al país los precios que cobraban las empresas petroleras estadounidenses, incorporó a Honduras a Petrocaribe.
Esa entidad es un programa venezolano que vende el energético a precios muy inferiores y a él que se han afiliado también otros gobiernos centroamericanos y caribeños.
Luego Zelaya llevó a Honduras a ingresar a la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, iniciativa integracionista creada también por Venezuela.
El movimiento social surgido a raíz de las medidas adoptadas por su gobierno buscaba ampliar su participación en la vida del país.
Así nació la petición para que se hiciera una consulta a fin determinar si en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se ponía una urna extra, la llamada cuarta urna, para que la ciudadanía dijera si estaba de acuerdo en que se convocara a una Asamblea Constituyente.
La consulta se basaba en la ley de Participación Ciudadana y bajo ningún aspecto violaba la Constitución.
No se pudo realizar porque el día fijado, 28 de junio, se produjo el golpe de Estado, que sí fue inconstitucional.
Sobre esto se ha mentido a tal punto, que congresistas estadounidenses y aspirantes a altos cargos en el departamento de Estado señalan que el Presidente Zelaya pretendía reelegirse en el cargo el mismo día de la consulta.
Más aún, un columnista llegó a decir que el mandatario hondureño había dado un golpe al plantear la consulta.
El sector empresarial y los ex presidentes de la república, que también son ricos empresarios, todos con grandes fortunas y mansiones en Estados Unidos, y el gobierno estadunidense propiciaron el golpe de Estado, cada uno en defensa de sus intereses. El embajador estadounidense participó en las reuniones conspirativas según ha declarado el candidato presidencial demócrata cristiano Felicito Ávila.
Hoy, tras el regreso del Presidente Zelaya, el embajador participa de los distintos conciliábulos políticos e incluso los convoca, como hizo con los candidatos presidenciales después de que éstos de entrevistaran con Zelaya en la embajada de Brasil.
Grietas en la dictadura Hasta el regreso del Presidente Zelaya el 21 de septiembre último, el régimen de facto había logrado mantener una fachada de estabilidad, pese a que las protestas populares continuaban.
Y pudo hacerlo debido a la postura del gobierno de Estados Unidos, que a diferencia de los europeos y latinoamericanos no les suspendió la ayuda económica.
Tampoco la Casa Blanca se sumó a la demanda generalizada de restablecer el orden constitucional.
Washington argumentaba que la única salida era el llamado "plan Arias", elaborado por el presidente de Costa Rica Oscar Arias.
El objetivo era ganar tiempo para que se llegara a las elecciones del 29 de noviembre y se hiciera borrón y cuenta nueva, pese a que los gobiernos latinoamericanos y europeos habían señalado que no legitimarían elecciones realizadas en dictadura y no reconocerían al gobierno resultante.
Al entrar Zelaya al país se revitalizó la protesta popular, que nunca cesó, y se fortaleció la demanda de restitución en el cargo del presidente constitucional.
La situación interna cambió y los propios candidatos presidenciales entendieron que fuera quien fuera el que ganara no podría gobernar.
Fueron a dialogar con Zelaya en busca de un acuerdo al que éste siempre ha estado dispuesto, no así Micheletti, el presidente de facto.
Ante la imposibilidad de controlar las protestas, Micheletti suspendió las garantías constitucionales en medio de la condena internacional.
A partir de entonces desató una represión similar a la ocurrida durante las dictaduras militares de los pasados años 196, 1970 y 1980, como lo muestran los videos a los que se puede acceder por Internet â�� y que las televisoras no muestran.
Mientras América Latina demanda el retorno al orden constitucional, la propuesta de la administración Obama, según el diario The New York Times, era que Zelaya retomara simbólicamente la presidencia por una hora o un día y luego renunciara entregándole el poder a un gobierno provisional y de unidad nacional ¿elegido por quién?
Por su parte, Arias, el mediador elegido por la secretaria de Estado Hillary Clinton, se declaraba partidario de legitimar las elecciones del 29 de noviembre, como si el golpe de Estado no hubiese existido.
Los motivos que inspiran estas conductas son preocupantes porque tienden a desconocer la voluntad popular y con ello generan nuevos conflictos que no se solucionan con más bases militares.
(*) La autora es una reconocida periodista chilena, radicada en México
registraban imágenes de la marcha.
