La oligarquía hondureña, impulsora de la ruptura democrática: gobierno
constitucional
Blanche Petrich
La Jornada
El gobierno constitucional de Honduras señaló como las principales cabezas
del golpe de Estado del 28 de junio a los dos ex presidentes que
antecedieron al depuesto Manuel Zelaya en el cargo, Carlos Roberto Flores
Facussé (1998-2002) y Ricardo Maduro (2002-2006); a los propietarios de 90
por ciento de los medios de comunicación, Jorge Canahuati (dueño de /El
Heraldo/ y /La Prensa/), José Rafael Ferrari (Emisoras Unidas y
Televicentro) –un tercer magnate de medios es el propio Flores Facussé,
dueño del principal diario, /La Tribuna/)– y a tres empresarios más que
controlan monopolios en la banca, tiendas comerciales, empresas generadoras
de electricidad y la intermediación con las trasnacionales petroleras,
Camilo Atala, Freddy Nasser y Arturo Corrales.
En una detallada descripción de lo ocurrido desde el día del golpe a la
fecha, denominado "documento preliminar", el gobierno de Zelaya afirma que
estos son los autores materiales de la ruptura constitucional en una
"primera categoría".
En este mismo rango acusa a los candidatos a la presidencia Elvin Santos,
del Partido Liberal (el mismo de Zelaya), y Porfirio Lobo, del Partido
Nacional. Ambos dirigentes convocaron a sus bancadas y aseguraron la mayoría
parlamentaria que "rompiendo el orden constitucional" determinara la
destitución de Zelaya y el nombramiento del presidente /de facto/ Roberto
Micheletti, después de alegar la existencia de una carta de renuncia del
presidente que a la postre resultó apócrifa.
El documento les atribuye una responsabilidad de "segunda categoría" a
Micheletti, al fiscal general del Estado Luis Alberto Rubí, al presidente de
la Suprema Corte de Justicia Jorge Alberto Rivera, al magistrado Tomás Arita
y al cardenal Oscar Andrés Rodríguez.
Como ejecutores materiales señala a la cúpula castrense: el jefe del estado
mayor conjunto general Romeo Vázquez, los jefes de las tres armas –general
Miguel Ángel García, general Luis Prince Suazo y contralmirante Juan Pablo
Rodríguez; al general Daniel López Carballo, ex jefe del estado mayor
conjunto en el gobierno del ex presidente Flores Facussé y al capitán Billy
Joya Améndola, actualmente ministro consejero de Micheletti.
Joya es, efectivamente, una "joya": cuando era un joven oficial fue
entrenado en los años 70 en Argentina a la sombra de Guillermo Suárez Mason
–uno de los principales represores de la dictadura militar, a quien se le
responsabiliza, entre otros crímenes, por el robo de centenares de bebés– y
regresó a Honduras en los años 80 para comandar el Batallón de Inteligencia
3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y
fundó escuadrones de la muerte como /Lince/ y /Cobra/. El ex militar tiene
varios juicios penales pendientes, lo que no impidió su nombramiento en un
puesto clave de la presidencia impuesta.
El Informe Preliminar enlista los siguientes delitos y violaciones al
derecho cometidas por los golpistas: asalto, secuestro y destierro de Zelaya
y la fabricación posterior de una causa sin juicio ni debido proceso; delito
de falsificación de documentos públicos (la falsa renuncia de Zelaya),
participación del fiscal y magistrados de la Corte en la conspiración para
el golpe de Estado, persecución política a miembros del gabinete, ilegalidad
y violación de derechos individuales y usurpación de funciones.
En este último delito incurren todos los funcionarios del régimen golpista,
en el que, según la radiografía realizada por el gobierno constitucional,
sobresalen parientes y colaboradores cercanos de Flores Facussé y ex
colaboradores y familiares de miembros de ex gobiernos golpistas y
militares.
Entre otros, figuran la ministra de Finanzas Gabriela Núñez, que ocupó el
mismo cargo en el gobierno de Flores y es hija de un ministro de la
dictadura de Oswaldo López Arellano; el canciller Carlos López Contreras,
diplomático que defendió la presencia de la contrarrevolución nicaragüense
en Honduras en los críticos años 80; vicecanciller Marta Lorena Alvarado,
hija de otro ministro de la dictadura del coronel López Arellano, y Rafael
Pineda, ex presidente del Congreso durante el régimen de Flores y
funcionario del gobierno del general Policarpo Paz.
