El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relata salvajes violaciones a los derechos humanos que van desde asesinatos, desapariciones forzadas hasta violaciones sexuales a mujeres.
La noche del viernes la Comisión entregó el informe preliminar de la inspección que hizo en el país, en el que relata cómo fueron asesinadas cuatro personas en manifestaciones y aunque el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, absolvió a los militares diciendo que usaron balas de goma, la CIDH tuvo acceso a un informe de la institución castrense que dice que policías dispararon “contra un sector de los manifestantes”.
Asimismo, los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) conocieron informes forenses donde se establece que las balas que mataron a los manifestantes son las mismas que usa la Fuerza Pública en sus armas.
En orden de gravedad sigue el registro de cinco personas que participaron en las manifestaciones y que están desaparecidas después de incidentes de represión de las marchas.
Luego siguen las agresiones físicas donde hay personas con heridas de bala, múltiples fracturas por garrotazos e incluso una persona que perdió la oreja por un balazo que le infirió un policía.
Según el informe, la policía y los militares no respetan ni la tercera edad ya que hay un registro de un anciano que estaba en la banca de un parque y fue salvajemente garroteado porque tuvo la desdicha de ver cuando torturaban a un menor de edad.
ULTRAJES SEXUALES
Las violaciones documentadas por la Comisión se extienden a ultrajes sexuales, ya que está el caso de una mujer en la zona norte a quien los militares la persiguieron después de disolver una manifestación y aprovechando que la alcanzaron en un lugar solitario abusaron sexualmente de ella. A otra mujer la dejaron desnuda del ombligo hacia arriba y la garrotearon.
Los varones no se salvan de estos ultrajes porque hay constancias médicas de personas a quienes les pegaron garrotazos en los testículos y en las nalgas, según el documento.
El informe resalta que la represión del “gobierno de facto” llegó tan lejos que en la zona de El Paraíso, frontera con Nicaragua, donde hubo toques de queda por días enteros a los opositores al “régimen de fuerza” no les permitían ni salir para comprar agua y alimentos, mientras los afines al “golpe” circulaban libremente.
La libertad de expresión ha sido de las víctimas favoritas del “gobierno de facto”, según el informe, ya que se destaca el cierre y militarización de medios de comunicación, colocación de artefactos explosivos como el ocurrido el 4 de julio en el edificio donde funciona Diario TIEMPO y Canal 11 y agresiones a periodistas y fotógrafos como la ocurrida contra el reportero gráfico Héctor Clara, de el Tiempo.
Miembros de la Comisión hicieron referencia a la discriminación de la pauta publicitaria del “gobierno de facto” que margina a los medios de comunicación que no apoyan a las “autoridades de facto”.
La noche del viernes la Comisión entregó el informe preliminar de la inspección que hizo en el país, en el que relata cómo fueron asesinadas cuatro personas en manifestaciones y aunque el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, absolvió a los militares diciendo que usaron balas de goma, la CIDH tuvo acceso a un informe de la institución castrense que dice que policías dispararon “contra un sector de los manifestantes”.
Asimismo, los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) conocieron informes forenses donde se establece que las balas que mataron a los manifestantes son las mismas que usa la Fuerza Pública en sus armas.
En orden de gravedad sigue el registro de cinco personas que participaron en las manifestaciones y que están desaparecidas después de incidentes de represión de las marchas.
Luego siguen las agresiones físicas donde hay personas con heridas de bala, múltiples fracturas por garrotazos e incluso una persona que perdió la oreja por un balazo que le infirió un policía.
Según el informe, la policía y los militares no respetan ni la tercera edad ya que hay un registro de un anciano que estaba en la banca de un parque y fue salvajemente garroteado porque tuvo la desdicha de ver cuando torturaban a un menor de edad.
ULTRAJES SEXUALES
Las violaciones documentadas por la Comisión se extienden a ultrajes sexuales, ya que está el caso de una mujer en la zona norte a quien los militares la persiguieron después de disolver una manifestación y aprovechando que la alcanzaron en un lugar solitario abusaron sexualmente de ella. A otra mujer la dejaron desnuda del ombligo hacia arriba y la garrotearon.
Los varones no se salvan de estos ultrajes porque hay constancias médicas de personas a quienes les pegaron garrotazos en los testículos y en las nalgas, según el documento.
El informe resalta que la represión del “gobierno de facto” llegó tan lejos que en la zona de El Paraíso, frontera con Nicaragua, donde hubo toques de queda por días enteros a los opositores al “régimen de fuerza” no les permitían ni salir para comprar agua y alimentos, mientras los afines al “golpe” circulaban libremente.
La libertad de expresión ha sido de las víctimas favoritas del “gobierno de facto”, según el informe, ya que se destaca el cierre y militarización de medios de comunicación, colocación de artefactos explosivos como el ocurrido el 4 de julio en el edificio donde funciona Diario TIEMPO y Canal 11 y agresiones a periodistas y fotógrafos como la ocurrida contra el reportero gráfico Héctor Clara, de el Tiempo.
Miembros de la Comisión hicieron referencia a la discriminación de la pauta publicitaria del “gobierno de facto” que margina a los medios de comunicación que no apoyan a las “autoridades de facto”.
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